Por Ab. Tomás Vega Holzwarth*. Docente de la carrera de Abogacía de la Universidad Siglo 21.

Las acciones de clase se presentan como modernas técnicas de litigación que de alguna manera rompen con el esquema tradicional que caracteriza la práctica tribunalicia. A través de ellas se unifica, en un mismo juicio, el reclamo de muchos y el resultado, en principio, beneficia a todos los representados.

Estamos delante un moderno y complejo instituto que reclama, desde hace rato, la sanción de una ley. En este sentido, es preocupante que, corriendo el año 2017, el legislador no haya sancionado una ley que esté a la altura de las circunstancias. Definitivamente las acciones de clase son de vanguardia y son el reflejo del nuevo derecho que está emergiendo en el Siglo 21.

Desde lo jurídico sirven, entre otras cosas, para descomprimir los tribunales evitando la multiplicidad de reclamos por lo que su correcta utilización mejora el funcionamiento de la justicia. Desde lo social tienen un enorme potencial dado que sirven para frenar abusos que se cometen desde grandes estructuras de poder.

Actualmente la proliferación de acciones de clase se ha ido incrementando en todo el país, generando escenarios complejos que -en algunos casos- ha llegado a ser caótico puesto que surgieron situaciones en paralelo con pretensiones prácticamente idénticas. Basta con invocar los diferentes procesos colectivos que se iniciaron durante el año 2016 en distintos juzgados federales en relación a un mismo tema: La suba en la tarifa de gas. Todo lo opuesto a lo que ha procurado la Corte.

Ante tal escenario, el parlamento nacional se mantenido inerte, sin capacidad de respuesta. Por eso, a esta altura la pregunta es obligada. ¿Por qué el legislador aún no ha dictado una ley sobre acciones de clase?

Revisando el archivo

Hay que recordar un dato objetivo de la realidad: Pasaron casi 8 años desde que la Corte se expidió en Halabi (332:111), el fallo sentó las bases para la ley sobre acciones de clase. Rápidamente podría decirse que a través de aquel “leading case” la Corte estableció una triada de derechos, de los cuáles, para esta temática, interesan dos de ellos: por un lado, los Derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto fines colectivos, y por otro, los Derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses individuales homogéneos.

Desde aquel entonces las acciones de clase en el país han crecido de forma exponencial generando un sinnúmero de interrogantes tanto para el operador jurídico como para el encargado de administrar justicia. Llamativamente en este contexto el parlamentario argentino no ha podido articular y consensuar la sanción de una ley.

Luego de Halabi, nuevamente fue la Corte (a través de 2 acordadas) la que tomó cartas en el asunto intentando suplir la mora del legislador, procurando sentar las bases y establecer prioridades en la eventual sanción de una ley. Ante ello, el Congreso Nacional ni se inmutó y se mantuvo incólume ante los pedidos de la Corte.

Lo indiscutible a esta altura es que la sanción de una ley en materia de acciones de clase es impostergable. El vacío legal existe y la promulgación de una regulación apropiada no puede dilatarse más. La mora del legislador es innegable.

Desde un enfoque simplista podría afirmarse que el parlamentario no tiene ante sí una tarea faraónica. Simplemente le alcanzará con observar el derecho comparado y encontrar allí la respuesta como tantas otras veces ha sucedido en la historia del derecho argentino, una tarea que, con las nuevas tecnologías, se simplificaría a un click. Por ello, el panorama legislativo no sería tan confuso como parece. Sólo se necesita voluntad política para avanzar.

Sin embargo, aquí  entran en juego una serie de factores extra jurídicos que inciden en la ecuación legislativa y si bien son ajenos a la disciplina jurídica, están íntimamente vinculados. Es decir, al momento de analizar las acciones de clase habrá que ver la “big picture” y por así decir, ponderar otros factores, como ser el económico y el político y, sobre este esquema deberá pendular la futura ley. Es que no debemos ser ingenuos, las acciones de clase son tan poderosas que podrían ocasionar estragos en sectores de poder cuasi inalcanzables.

Ocurre que las acciones de clase son de tal significancia en el entramado social que cumplen un rol cuasi justiciero ante episodios de injusticias colectivas y operan como un freno ante el avasallamiento de derechos. Dicho de otro modo, funcionan como un contrapeso de enorme potencia que buscan equilibrar la balanza marcando limites tanto al Estado como a los grupos económicos cada vez que atropellan derechos. Si a ello le sumamos que se pueden fusionar con el instituto del daño punitivo se genera una interesante simbiosis, lo que en definitiva las transforma en un instrumento jurídico de gran fortaleza y altísimo impacto que seguramente generará dolores de cabeza a más de uno.

Puede que éstas sean las causas por las cuales la ley todavía no ha salido a la luz.

En definitiva, las acciones de clase son un formidable instituto del derecho moderno y en un futuro no muy lejano tendrán su regulación. No hay discusión en este punto. A esta altura del partido la pregunta es cuándo.


Este artículo es un breve repaso sobre las acciones de clase para entender la importancia de esta moderna herramienta jurídica. Se hizo énfasis en la mora del legislador, a modo de comprender cómo actúan la Justicia y el Poder Legislativo en la materia. 

 

* Tomás Vega Holzwarth es Abogado egresado en la Universidad Siglo 21. Maestrando en Derecho Internacional Privado por la UBA y en Derecho Procesal en la Universidad Siglo 21. Diplomado en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. A la fecha ha impulsado 2 acciones de clase en la provincia de Córdoba en contra del Banco Itaú Argentina S.A.