Por. Lic. Javier Francisco Chilo, Tutor de la Tecnicatura en Investigación de la Escena del Crimen.

El femicidio de Micaela García tiene un autor del delito pero múltiples responsables. Una vez más queda en evidencia la ineficacia del sistema judicial de ejecución penal y de los tratamientos del servicio penitenciario para prevenir que los varones condenados por delitos sexuales reincidan una vez recuperada la libertad. Sebastián Wagner -acusado de violar y asesinar a Micaela- tenía una condena de nueve años por dos violaciones y estaba en libertad porque el juez de ejecución penal Carlos Alfredo Rossi autorizó salidas transitorias, pese a que había tres informes negativos del servicio penitenciario.

Tanto la experiencia en el mundo como en nuestro medio, muestran el fenómeno de la progresividad en las conductas delictivas sexuales seriales.

Es decir, el aumento del grado de la violencia entre hecho y hecho. Algunas veces pasando de la agresión sexual al homicidio por motivos sexuales, como sería el caso de Wagner.

En los últimos años ha crecido, en Argentina, el grado de conciencia por las víctimas de violaciones y así se crearon dispositivos institucionales para brindarles asistencia. Pero, en contrapartida, no se presta la atención necesaria para entender las motivaciones del agresor ante cada hecho.

Pese que la conducta sexual y homicida serial, constituye un comportamiento cada vez más frecuente en nuestra sociedad y aunque produce un fuerte impacto social e institucional, no ha sido estudiada e investigada adecuadamente para su temprana detección.

No hay un desarrollo -por parte de los profesionales de salud- de modelos de tratamientos efectivos y eficientes.

El sistema post-penitenciario, tampoco trabaja con los agresores sexuales para garantizar que no reincidan una vez recuperada la libertad. El resultado es una alta tasa de reincidencia por parte de los abusadores y homicidas sexuales condenados.

Investigaciones[1] realizadas por expertos norteamericanos, muestran cómo en la motivación de toda agresión sexual están presentes tres componentes: poder, furia y sexualidad. En todos los casos de violación, los tres factores coexisten pero su intensidad y relación varían. La violación está configurada como un acto seudo-sexual: el uso de la sexualidad aparece para expresar cuestiones de poder o furia. Es un patrón de comportamiento que está más relacionado con una cuestión de status, agresión, control y dominio, que con el placer o la satisfacción sexual.

El objetivo de la agresión –generalmente- es llevar a cabo la relación sexual como evidencia de conquista, pero dominando a la víctima y consiguiendo su sumisión.

La violación es el medio por el cual el agresor reafirma su capacidad sexual y su identidad, su fuerza y su potencia.

Pero, como no se siente reafirmado ni por su propia actuación ni por la respuesta de la mujer violentada, entonces busca otra víctima nuevamente.

A ésta altura cabe preguntarnos: ¿qué factores concurren para que una persona sienta ése tipo de motivaciones y luego las actúe sin frenos inhibitorios? Al respecto Araceli Osés[2] refiere “…no se trata de un fenómeno espontáneo sino del resultado de un contexto psicosocial y ambiental problemático, atravesado por una multiplicidad de factores que -en determinados individuos- condicionan la aparición de esta problemática delictiva. Al respecto, la casuística indica, de manera recurrente, la presencia de factores de riesgo asociados a historias de abandono, maltrato infantil y violencia intrafamiliar, vínculos de pareja marcados por la dominación y el sometimiento (generalmente del padre hacia la madre), deserción escolar e inserción social en ámbitos transgresores, entre otros…”.

Pero una vez demostrada la responsabilidad penal del violador y debiendo cumplir con la pena impuesta por el sistema judicial, Osés se pregunta: “¿El estado y la sociedad, deben resignarse a que la única opción posible de atender a la defensa social, es mantener a estos individuos aislados del resto de la sociedad, solamente en situación de encierro  -o en el mejor de los casos- adaptándose solo a las normas penitenciarias laborales y educativas, a sabiendas que un programa de tratamiento tal, no alcanza y tiene pocas probabilidades de éxito?; ¿O será posible coordinar esfuerzos para avanzar en la búsqueda de procedimientos y métodos de rehabilitación innovadores, diseñados específicamente para hacer frente a esta problemática, en pos de la resocialización y cambio de vida de estas personas?”.

Es necesario partir de que todo ser humano puede cambiar, pero la antropóloga Rita Segato, que trabajó en penitenciarias entrevistando a condenados por violación, sostiene que “hay que dar las condiciones para que el sujeto pueda hacer el cambio”.

Porque el violador también es resultado de un contexto social y marcos culturales, que avalan prácticas sociales donde las mujeres son inferiores que los varones.

Por ello, cualquier política de prevención de estas conductas, no deberían partir solo del tratamiento al violador condenado. Sino que también es pertinente considerar la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para que todos los ciudadanos estén alcanzados por la formación en géneros y así lograr una cultura donde las relaciones no sean de poder, sino igualitarias. Considerar un abordaje que permita delinear múltiples respuestas para la prevención, donde la educación cobra un lugar fundamental para desterrar patrones culturales que operan en las relaciones desiguales entre géneros.

Es posible inferir entonces que las fallas de los sistemas de ejecución penal y de los tratamientos penitenciarios y post-penitenciarios, residen en el carácter sectorial de dichos sistemas. Cuando en realidad, el carácter multifactorial del fenómeno, requiere necesariamente el concurso multisectorial y del trabajo en redes para los modos de tratamiento de los violadores una vez que cometieron el delito.

De allí que pueda resultar oportuno explorar la experiencia -en otros lugares[3]– de los tratamientos clínicos criminológicos post-penitenciarios realizado a los ofensores sexuales. Se trata de tratamientos voluntarios o involuntarios, con una etapa intramuros y otra posterior extramuros. Lo cual significa que al cumplir su pena, el sujeto no vuelve a la sociedad directamente, sino que el Estado acompaña y supervisa su reinserción a la sociedad. En estos lugares, las tasas de reincidencia de los sujetos disminuyeron drásticamente y en consecuencia se logró evitar la existencia de nuevas víctimas.

 

[1] A. Nicholas Groth, Ann Wolbert Burgess y Linda Lytle Holmstron: “Rape: Power, Anger, and Sexuality”, en American Journal of Psychiatry, Vol. 134, 1.977, pp. 1239-1243.

[2] Osés, Araceli E.:  “Estudio de caso de un abusador sexual serial de niñas Desde una perspectiva psicológica y criminológica” (2015). Facultad de Psicología UNC. Córdoba. Argentina.

[3] A. Nicholas Groth, Ann Wolbert Burgess y Linda Lytle Holmstron: “Rape: Power, Anger, and Sexuality”, en American Journal of Psychiatry, Vol. 134, 1.977, pp. 1239-1243.