Análisis del alcance de la reforma del Código Civil y Comercial, por la Dra. Angelina Ferreyra de De la Rúa

La reforma de una ley cualquiera suscita el interés de todos los operadores del derecho, pero si se trata del dictado de un nuevo Código Civil y Comercial que viene a reemplazar el de 1871 significa un cambio trascendente que genera un vasto movimiento de todos los sectores.

La tarea emprendida por los Dres. Ricardo Lorenzetti, Aída Kemelmajer de Carlucci y Elena Highton de Nolasco ha contado con más de un centenar de colaboradores de diferentes sectores del país lo cual federaliza el trabajo con la opinión de diversos especialistas.

El nuevo cuerpo legal significa la constitucionalización  del derecho privado y se ha enfatizado la vigencia de aspectos tales como el principio de legalidad y de no discriminación. Además genera un nuevo paradigma en materia de bienes, regula nuevas formas familiares y otros derechos relativos al cuerpo humano y sus partes (órganos, tejidos, células, genes, etc). En este último aspecto se tiene especialmente en cuenta el avance producido en ámbitos de la ciencia y de la técnica y su incidencia en el ámbito jurídico.

Ello es así pues los códigos clásicos establecen una tajante división entre el derecho público y privado. El nuevo Código, en cambio, toma muy en cuenta los Tratados  Internacionales y en particular los de Derechos Humanos, y otros derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. En este aspecto, el nuevo cuerpo legal innova profundamente e impone una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. Esta decisión se advierte en casi todos los ámbitos: la protección de la persona humana a través de sus derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos.

Además su estructura  está precedida por un Título preliminar que opera como orientador sobre las fuentes y la utilización de reglas, principios y valores.

Algunos aspectos

Tradicionalmente el cuerpo humano ha sido considerado soporte de la noción de persona, aspecto que no ha sido cuestionado. El problema se genera  cuando se advierte que tanto  el cuerpo humano como sus partes, tales como las piezas anatómicas, órganos, tejidos, células y genes pueden ser separados, aislados, identificados, y luego trasplantados o patentados. El nuevo ordenamiento establece el derecho a la integridad personal comprensivo tanto del cuerpo como de los órganos que lo componen, en tanto sea posible  su vinculación con una persona determinada. Es así que los datos o aspectos sobre las distintas partes del cuerpo y, en su caso  los genes, integran el derecho de cada persona, y son tratados conforme a la pauta de autodeterminación de cada sujeto, constituyen derechos que están fuera del comercio, carecen de valor económico y sólo se les reconoce el  valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social.

Por otra parte por el progreso vertiginoso operado en la ciencia y la técnica permite la utilización de determinadas partes del cadáver para que con ellos se curen algunas enfermedades de otras personas; es así que esas partes del cuerpo adquieren un valor relevante para la salud y la existencia del hombre. El tema se muestra en su integridad en el caso de trasplantes de órganos,  o parte del cuerpo (muestras biológicas depositadas en biobancos, líneas celulares, células madres). Por otra parte es relevante advertir que el cadáver o algunas de sus partes son utilizados además para investigación, curación, producción de medicamentos, etc.

El nuevo ordenamiento además asume una impronta novedosa al admitir nuevas formas matrimoniales y convivenciales.

En lo que refiere al  procedimiento que regirá los conflictos de familia expone principios válidos que federalizan su aplicación en el caso concreto.

Los temas de familia  

El  nuevo Código Civil y Comercial cumple con la necesaria adecuación del derecho privado al bloque de constitucionalidad y, para asegurar la operatividad de sus normas incluye normas procesales mínimas. Así, establece principios y reglas aplicables a los “Procesos de Familia”, como título VIII del Libro Segundo, en el que regula las denominadas “Relaciones de Familia”, a las que deberán adecuarse los regímenes procesales de todo el país.

La inclusión de normas procesales en un código de fondo debe entenderse en el contexto de un país federal, donde las provincias han reservado para sí los aspectos procesales que alcanzan tanto a la organización de la justicia y al dictado de las normas. Esta toma de posición es destacable en tanto compone principios que rigen el proceso de familia. De esta manera no sólo unifica la vigencia en todo el país lo que redunda en la democratización del proceso familiar. Piénsese que existen Tribunales con competencia familiar que en distintos lugares trabajan con sistemas diferenciados. Adviértase que en la materia familiar las provincias tienen dispares sistemas procesales para dirimir  los conflictos, algunas cuentan con tribunales especializados y otras no; en casos el trámite es  oral  y en otras provincias, preponderantemente escrito y dispositivo como se tratan los problemas patrimoniales. El Código proyectado establece principios que informan un sistema procesal  que combina el dispositivo reservado a asuntos estrictamente patrimoniales con un fuerte activismo judicial en cuanto a la conducción del proceso familiar, en orden a  la determinación de la verdad de los hechos, la tutela de los sujetos vulnerables y la ejecución de los mandatos judiciales.

Desde otro ángulo los derechos de los ciudadanos regulados con  anterioridad  en base a una igualdad abstracta, son tratados de forma de diferente en procura de  la obtención de una igualdad real, y se desarrolla una amplia normativa orientada a plasmar una verdadera ética respecto de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Se profundiza en relación al paradigma de no discriminación, la tradición histórica había impuesto que el sujeto del derecho privado fuera solamente “la persona”. El Proyecto se manifiesta de forma de tutelarlo en términos igualitarios, esto es sin discriminaciones basadas en el sexo, la religión, el origen o los bienes. Así son objeto de especial regulación  la mujer, el niño, las personas con capacidades diferentes, el consumidor, las comunidades originarias, y muchos otros que no habían tenido una recepción sistemática hasta el momento.

La buena fe es establecida como cláusula general de forma tal que abarca el ejercicio de cualquier derecho o situación jurídica, sea ella derivada o no de un acto jurídico. Lo señalado, permite afirmar que es regulada como un principio general aplicable al ejercicio de todos los derechos, lo que luego se complementa con reglas específicas en distintos ámbitos.

El abuso del derecho es reforzado y ampliado al afirmar que: la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal los que contraríen los fines que ella tuvo en mira al reconocerlos, o cuando excede los límites impuestos por la buena fe, la moral o las buenas costumbres.

El juez diseñado se muestra como un funcionario activo que debe dirigir el proceso e intervenir cuando sea necesario y, según las circunstancias, procurar la reposición de las situaciones al estado de hecho anterior y en su caso fijar una indemnización.

Conclusión

Es síntesis se destaca que el nuevo cuerpo legal establece principios válidos que derivan del orden constitucional y del  derecho privado. Su estructura  está precedida por un Título preliminar que opera como orientador sobre las fuentes y la utilización de reglas, principios y valores.

Cabe concluir diciendo que el Código Civil y Comercial que próximamente regirá en nuestro país es un documento de relevancia. Toma posición en todos los temas trascendentes del derecho y su resultado se verá fortalecido por las leyes reglamentarias que se dicten en su consecuencia.