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by • 7 diciembre, 2016 • Derecho y Política, DestacadosComments (0)12948

El expediente digital, hacia una nueva forma de hacer Justicia

Por Abogada Paola A. Battistel, Procuradora Fiscal de la Provincia de Córdoba, docente de la Universidad Siglo 21.
La Justicia Nacional ha recorrido un proceso de digitalización que se extiende progresivamente a los fueros provinciales, en pos de un sistema eficiente, abierto y transparente. Los profesionales del Derecho nos encontramos en el punto en que la incorporación de las nuevas tecnologías al “hacer justicia” de cada día no tiene vuelta atrás.

La digitalización es parte de la búsqueda de un sistema judicial más eficiente, transparente y de acceso abierto, que avanza sobre dos bases: la ley 25.506 establece lo referente a la validez y uso de la firma digital; y la ley 26.685 que en 2011 autoriza a nivel nacional el uso del expediente digital e invita a las provincias a adherirse.
Como parte de este proceso, la Nación y distintas provincias tienen habilitados sistemas de consulta de las causas judiciales. Un paso más adelante, con la digitalización de los expedientes se logra una interacción directa con el sistema judicial, en la que se vuelve posible cargar registros y recibir notificaciones de manera electrónica. Citando el ejemplo de Córdoba, a partir del 1 de junio se tramitan de esta manera las Ejecuciones Fiscales, en concordancia con lo dispuesto por el acuerdo reglamentario 1363 y su anexo*. La provincia emprende así la digitalización obligatoria de causas, iniciando por una clase de juicios generalmente sencillos, breves, y de manejo administrativo. El expediente se conforma por documentos electrónicos firmados digitalmente por magistrados y funcionarios del Poder Judicial; más los firmados por abogados de los foros locales, con usuarios y claves suministrados por el Tribunal Superior de Justicia; y, finalmente, documentos digitalizados de terceros que se incorporan por el juzgado o por los abogados bajo determinadas pautas técnicas.

La documentación presentada de esta forma se considera firmada digitalmente y tiene la misma validez jurídica que el soporte papel.

El caso de Córdoba no es el único, numerosas provincias adhirieron a la ley Nacional de Firma Digital, lo que les otorga el marco jurídico necesario para implementar el expediente electrónico. Mendoza, Santa Fe, La Pampa, Tucumán, Tierra del Fuego, Jujuy, Formosa, Río Negro, Neuquén y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicaron la digitalización a nivel administrativo, en algunos casos extendiéndola ya también al sistema judicial, como en San Luis o la Provincia de Buenos Aires.
Entre las bases fundamentales de la experiencia, se busca adecuar el sistema de justicia argentino a la Nueva Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible, que entre sus objetivos propone: “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”. Dentro de esta meta mayor, el expediente digital se constituye en una herramienta más, a través de la cual se persigue la despapelización de la justicia, la eficacia en el estado de sus recursos y en la prestación de servicios, además de mejorar la adquisición de la información y promover la transparencia.
En la actualidad, si bien el acceso es público, dado que cualquiera puede acercarse a un juzgado y pedir un expediente en soporte papel, éste tiene que estar disponible. Hoy los juzgados están colmados de expedientes paralizados, que requieren más espacio físico para ser archivados, no dan abasto. La justicia electrónica acaba con ese problema y con el riesgo de pérdida de documentos, al mismo tiempo que contribuye al ambiente disminuyendo progresivamente el uso del papel. Además, contribuye a la celeridad de los procesos, dado que, si bien los tiempos judiciales no varían, se reduce la burocracia que muchas veces los demora. De esta manera, la ciudadanía se beneficia con un genuino acceso a la información y una mayor eficacia del sistema.

Estos cambios impactan necesariamente en el perfil profesional tanto del abogado como de cualquier otro agente de justicia, quienes nos enfrentamos a la necesidad de sumar capacitación y predisposición para trabajar con la tecnología desarrollada.

Si bien los nuevos recursos se incorporan paulatinamente, el apego a las costumbres y a la materialidad del papel implica un gran desafío en un ámbito en el que aún se presentan escritos a máquina.
Atravesamos una etapa que sólo hace unos años se veía lejana. Sobre todo, cambia el paradigma del “hacer justicia” como lo veíamos hasta el momento. Se hace necesario, en el proceder diario, adaptarse al uso de nuevas herramientas y situarse en un más ágil logro del resultado. Con el expediente digital se abre una puerta de acceso a una justicia en la que la información viajará con más celeridad, transparencia y organización, depende de cada profesional prepararse y cruzar el umbral, no atarse a las estructuras sino acompañar el logro de objetivos para la Justicia y atender a los beneficios para toda la comunidad.

 

Realizar el tránsito por lo virtual

El futuro abogado necesita formarse en la visión y la pericia exigidas por un sistema que está en proceso de cambio.
La Universidad Siglo 21 realiza una apuesta al aprendizaje mediante la práctica en el edificio Experimenta 21. Allí se busca llevar la educación de la mano de los cambios de paradigma, incorporando nuevos temas, tecnologías y estrategias pedagógicas. Para el ámbito académico del Derecho, las clases incorporan, por ejemplo, capacitación en un software de gestión jurídica, que ayuda a organizar el estudio del abogado, administrar expedientes, ordenar la jurisprudencia, entre otras tareas propias de la realidad profesional.
El simulador jurídico, por otra parte, es una herramienta tecnológica de transferencia y práctica que impacta directamente en la futura relación con un sistema judicial digitalizado. Permite transitar por un proceso judicial por medio de la computadora. De esta forma, en Experimenta 21 el alumno adquiere manejo de herramientas digitales de forma simultánea con el aprendizaje de los contenidos fundamentales del Derecho.

*TSJ Acuerdo Reglamentario 1363 Serie “A”. 17/05/2016.

 

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