Por Manuel Rodríguez Juárez. Docente de Abogacía en la Universidad Siglo 21.

Se comenta en los pasillos de tribunales que existe una maldición gitana que dice: “te deseo que tengas un juicio, aunque lo ganes”, y ella está claramente referida a la morosidad judicial y a las innumerables vicisitudes que tiene que sufrir el justiciable que se ve obligado a acudir a la sede jurisdiccional para hacer valer sus derechos.

Los tiempos de la justicia resultan incomprensibles para el común de los mortales y constituye uno de los factores determinantes del sentimiento social de desconfianza en el sistema jurídico; aguijoneado por los medios de comunicación que se encargan de dar publicidad a las torpezas procedimentales de los operadores jurídicos en general.

Podemos advertir que en estos tiempos, la atención del estudioso del Derecho, especialmente del Derecho Procesal, se centra en nuevas cuestiones. Es decir, fija su objeto de investigación, no ya en la clásica trilogía “acción, proceso, jurisdicción”, sino en un territorio que siempre le había sido externo o ajeno, y que abarca diversos temas, tales como: la eficiencia del servicio de justicia; la dimensión social del proceso; la democratización al acceso a la justicia; las tutelas diferenciadas; entre muchos otros.

Es decir, este presente centra su atención, más que en las disciplinas procedimentales, en buscar estrategias novedosas para reducir la litigiosidad, a través del mejoramiento de los órganos, de la capacitación y perfeccionamiento de los hombres aplicadores del derecho, de tratar de lograr un modelo de justicia de protección, más humana (individual y social), que en definitiva provea una pronta solución a los problemas de la gente.

Pero, la cuestión es muy compleja y hace rato que “la sangre llegó al río” y el problema hoy no se reduce al ámbito del Poder Judicial.

Por ejemplo, una de las pretensiones que se acumulan a diario en la barandilla de los tribunales civiles, son las referidas a los accidentes de tránsito y este verdadero flagelo, tiene numerosos orígenes, pero un denominador común, que no es otro que la falta de formación de los ciudadanos en materia de seguridad vial.

El desconocimiento de las normas de tránsito y de la interpretación que los órganos jurisdiccionales hacen de ellas, constituyen algunos de los factores determinantes de muchos accidentes –sin duda evitables- y para ello es necesario una campaña de prevención y seguridad vial, que debe ser coordinada ente el poder ejecutivo y el poder judicial.

También hay una enorme cantidad de conflictos que pueden solucionarse de manera previa, a través del Sistema de Mediación.

Pero, resulta imperioso que sea “previo a la demanda” y no luego de iniciado el proceso judicial. Una vez impetrado un juicio, es muy difícil lograr un acuerdo a través del mediador.

Otro mecanismo útil para descomprimir los tribunales ordinarios, sería la creación de los Tribunales de Pequeñas Causas, que hoy constituyen un número importante de procesos y que generalmente transitan  más de una instancia  y cuando se dicta sentencia -después de muchos años-, ya no cabe la pacificación porque el tiempo insumido en el  litigio sólo ha alentado en enconos y actos hostiles entre personas que con frecuencia viven a pocas cuadras de distancia.

Si esos asuntos tuvieran un juez presente y activo, un procedimiento informal, oral, gratuito y por audiencias que logren una pronta resolución que ponga fin al conflicto, se cumplirían varias metas, no sólo reducir la litigiosidad, sino ampliar el acceso a la justicia a muchos ciudadanos de bajos recursos, logrando la tan ansiada paz social, que es uno de los fines del proceso.

También, las Casas de Justicia, han resultado en otros países, un elemento importante a la hora de permitir a gente que se encuentra desamparada,  que conozca sus derechos y pueda hacerlos valer.

Y dentro del proceso judicial, resultaría importante, una reforma que permita utilizar las modernas herramientas que permitan agilizar el proceso civil, para lograr una pronta respuesta jurisdiccional. Entre ellas, está la inapelabilidad de las resoluciones interlocutorias, los plazos fatales, la concentración de actos procesales, las notificaciones electrónicas, la eliminación de los tiempos muertos del proceso, el ampliar las facultades oficiosas de los jueces, el sancionar de oficio de la inconducta procesal y muchas otras medidas que exceden el marco de este artículo.

En definitiva, necesitamos cambios con la esperanza de producir revoluciones. Y ello se consigue comenzando desde lo más simple, esto es, analizando cada uno de los aspectos que ocasionan la morosidad, enfocando la lupa en los principales problemas y estudiarlos con propuestas superadoras. Así, todo emprendimiento será una nueva semilla, un eslabón necesario en esta cadena de soluciones, que nos permitirá arribar a una justicia de protección que los ciudadanos necesitamos con urgencia.