Ser elegido como sede para la realización de un mega-evento deportivo puede ser tan beneficiosa como perjudicial para un país de América Latina. Recientemente, Brasil se convirtió en el ejemplo de cómo la inversión estatal para que se lleve adelante un Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos puede teñirse de escándalos de corrupción o demostrar que los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población no se concretan.

En general, los gobiernos buscan ser los anfitriones de eventos deportivos de esta magnitud, porque sirven para promover a la ciudad o país internacionalmente. Por ejemplo, se incentiva el turismo y el desarrollo en muchos niveles, como la generación de infraestructura, que no se reduce sólo a la construcción de estadios sino que incluye, entre otras, mejoras en el sistema de transporte y los espacios públicos. Los beneficios de llevar adelante estos eventos podrían resumirse en términos del impacto mediático que permite proyectar atletas o marcas; político, porque da margen para la promoción a nivel local del respeto a los Derechos Humanos y la mejoría del vínculo diplomático; psicológicos, ya que una gran parte de la comunidad se sienta animada y goza de ser parte de un hecho tan significativo; y ecológico, por la reforestación de determinadas áreas y la creación de parques.

Sin embargo, semejante inversión mulit-billonaria no siempre se recupera con la venta de tickets, los derechos de transmisión y los sponsoreos.

Entonces, a los casos de corrupción, que lamentablemente no son infrecuentes en los países de la región, se suma otro efecto negativo para la decisión de realizar estos eventos en los países en vías de desarrollo.

Brasil fue la sede de Mundial de Fútbol (FIFA) 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Las repercusiones de ambos, tanto buenas como malas, siguen escuchándose y dando de qué hablar. De acuerdo al informe financiero de la FIFA, en 2014, el Mundial ganado por Alemania generó USD 4.82 billones incurriendo en gastos por USD 2.22 billones. Los ingresos fueron más del doble y se le atribuye al interés y visibilidad que adquirió el país con el campeonato. No obstante, al analizar la inversión en infraestructura, de 82 proyectos que se plantearon inicialmente, 38 fueron descartados a posteriori y se estima que un año después del evento, de los 44 proyectos de movilidad urbana, sólo 24 se entregaron y el resto aún permanecen sin concluir y ya han pasado casi tres años. Por otro lado, de las 12 ciudades-sedes donde se celebró el mega-evento, en sólo 4, las obras planeadas se entregaron (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro y San Pablo), mientras que en el resto, o bien no se concluyeron o se entregaron con deficiencias tan importantes que, en algunos casos, generaron accidentes como el desmoronamiento del viaducto de Guarapes. Además, trascendieron numerosos hechos de corrupción.

En el caso de los JJOO celebrados en 2016, el mismo movilizó el turismo a pesar de las protestas públicas que se vivían en Brasil y la creciente amenaza para la salud que generaba el virus del Zika. Pero, nuevamente la inversión en infraestructura fue un punto controversial, no solo por su magnitud, sino también por la dificultad de estimar su beneficio real para la ciudad anfitriona. Todavía se espera que surtan efecto los objetivos a largo plazo, relacionados con la promoción de la actividad física y el deporte entre la población adulta. Como los Juegos no alcanzan a lograrlo por sí sólo, se espera que las políticas públicas diseñadas para acompañar esta meta los cumplan.

¿Vale la pena utilizar recursos públicos? ¿El sector privado debiera asumir mayor protagonismo para asumir algunos de los costos?

Revisando estos ejemplos, se plantean varias inquietudes sobre las ventajas o desventajas que traen consigo la realización de los mega-eventos, porque los impactos que tienen van más allá de lo meramente deportivo y económico. Son sucesos significativos que marcan la vida cultural y social y que, evidentemente, deja una huella en sus anfitriones.

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