Por Federico Miguel, Abogado, Escribano y tutor de la carrera Escribanía en la Universidad Siglo 21.

El marco legal en el país para las empresas B, aquellas empresas sustentables que tienen en sus objetivos sociales el compromiso legal de realizar un impacto positivo social y ambiental en la comunidad.

BLab, nace en Estados Unidos y Canadá en 2006, como una organización sin fines de lucro, que tiene por fin “solucionar problemas sociales y ambientales a partir de los productos y servicios que se comercializan”.[i]

A partir de allí, las empresas que buscan certificar como “BCorp” cumpliendo los requisitos, cambian sus estatutos con esa visión. Luego, en América Latina surge Sistema B, que genera una alianza con BLab y expanden el movimiento hacia Europa, África, Lusófona y Australia. Es un punto de comienzo.

Ahora bien, al hablar del estatuto de una sociedad, nos referimos a ese contrato que acuerdan los socios, donde se establecen las normas y formas que regirán la vida de la comunidad. Incluir este compromiso con la sustentabilidad y desde el emprendimiento, como término que engloba la acción del hombre en relación a su entorno, implica una obligación legal que asumen los socios y que deberán cumplir en el desarrollo de la actividad económica.

A fines de 2016 el Ministerio de Producción de la Nación presentó ante el Congreso el “Paquete Emprendedor”, que incluía  la Ley de Apoyo al capital emprendedor y Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS)  –recientemente aprobada–  y la Ley de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).[ii]

En febrero de 2017, se presentó un nuevo proyecto con algunas diferencias con el anterior pero en esencia buscando el mismo fin.[iii]

Ambos proyectos caracterizan como BIC o IBC a aquellas sociedades que se constituyan conforme alguno de los tipos previstos por la Ley General de Sociedades (LGS), y en la que los socios, además de obligarse a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas (textual de la LGS),  se obliguen a realizar un impacto positivo social y ambiental en la comunidad. Esto significa que tendremos una sociedad sujeta al régimen impuesto por la LGS y esta nueva normativa.

Como requisitos establecen la posibilidad de que las sociedades se formen como BIC o bien se transformen en tales, lo cual permite que las sociedades existentes tengan un incentivo para realizar sus actividades con esta visión, pero sobre todo como obligación legal a asumir.

Sobre esto último consideramos que el reciente proyecto específica de mejor modo los requerimientos, buscando un compromiso mayor y más perdurable, de manera que sea una decisión trascendental sobre el asunto, indicando que su contrato social debe especificar en forma precisa y determinada cuál es el impacto social y ambiental positivo y verificable que se obligan a generar; indicar las causales de exclusión de los socios que ejecuten actos contrarios al espíritu de esta ley; y exigir el voto favorable del 75% de los socios con derecho a voto para toda modificación del objeto y fines sociales, sin aplicarse en el caso de las sociedades anónimas la pluralidad de voto.

En la administración acuerdan que este compromiso de sustentabilidad sea asumido por los administradores, los que deberán tener en cuenta el efecto que puedan causar sus decisiones sobre el medio en el que se desarrolla la sociedad, pero sobre todo en el propio ecosistema interno (socios, empleados actuales y entendemos futuros), más allá del cual no se les podrá reclamar o exigir a los administradores, respecto de su compromiso y los efectos sobre “las expectativas a largo plazo de los socios y de la sociedad, de tal forma que se materialicen los fines de la misma“. Destacando que la responsabilidad de los administradores por el cumplimiento de la obligación antedicha sólo podrá ser exigible por los socios y la sociedad

También se otorga la libertad a los socios que no acuerden con que la sociedad existente se readapte a la normativa BIC, para que puedan ejercer su derecho de receso, el cual les permitirá separarse de la sociedad con el correspondiente reembolso de su participación social.

Para evitar que este compromiso BIC quede en “los papeles” o sea solo una cuestión de imagen, se establecen mecanismos de control y transparencia. Los administradores, “deberán confeccionar un reporte anual mediante el cual acrediten las acciones llevadas a cabo tendientes al cumplimiento del impacto positivo social y ambiental, previsto en su contrato social.”

Además deben designar un auditor externo matriculado que audite ese reporte, el cual será de acceso público, permitiendo a la sociedad conocer qué empresas cumplen y en qué medida lo hacen. Esto último podría influir sobre las personas que consideren al consumo sustentable como un valor a la hora de elegir un producto o servicio.

Quedará a debate del Congreso si la autoridad de aplicación recae sobre los Registros Públicos de Comercio o sobre el Ministerio de Producción, conforme se propone en cada proyecto.

Esperamos contar en breve con la normativa definitiva, para que las empresas existentes y los emprendimientos en incubación, cuenten con esta herramienta legal, única y de avanzada, que permita pensar más allá de los beneficios, apostando a la sustentabilidad y generando un verdadero impacto positivo social y ambiental en la comunidad, de la cual todos formamos parte, y tenemos la responsabilidad de preservar para las futuras generaciones.

 

Referencias:

[i] http://sistemab.org/movimiento-global/

[ii] http://www.produccion.gob.ar/el-ministerio-de-produccion-envio-al-congreso-el-paquete-emprendedor-para-dar-impulso-a-la-actividad-emprendedora/

[iii] http://www.comunicarseweb.com.ar/noticia/presentan-anteproyecto-de-ley-de-sociedades-de-beneficio-e-interes-colectivo