Por Leandro Aringoli. Docente de Abogacía en la Universidad Siglo 21.

La situación actual del mercado de transporte argentino frente a la irrupción de Uber está causando un conflicto generalizado al igual que en otras partes del mundo. Como ante toda situación de crisis, una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo puede surgir para aquellos países que entiendan como solucionarlo. Para lograrlo, debemos analizar el verdadero problema y entender que el caso de Uber es representativo de muchos otros y más por venir, cuyos modelos de negocios innovadores intentarán hacerse lugar en mercados protegidos, produciéndose una contienda por los derechos de propiedad que de él emergen. Esta situación encuentra solución en propuestas que, bien entendidas, centrarán el análisis en el rol que el Estado debe tener frente a la interacción del mercado y la sociedad en su conjunto: los intervinientes en el conflicto, guiados por aquel, deben encontrar la guía de la justicia en la (re)distribución igualitaria de la riqueza.

Uber es una empresa que pretende ganar dinero promoviendo un transporte eficiente, sostenible y sustentable, con un modelo de negocios disruptivo.

Pero sobre todo, Uber es la máxima expresión de un modelo que surge como consecuencia a la actual crisis económica, social y política global.

En términos generales, es producto de una economía mediante la cual los ciudadanos participan en el mercado a través de relaciones de intercambio de manera colaborativa, es decir, en igualdad de condiciones y propendiendo a un objetivo común que comprende un fin de lucro y un fin social. Así los individuos se convierten en productores/consumidores, con participación activa en los mercados a través de sistemas, instrumentos y plataformas digitales con acceso a internet (ejemplos de esto son Uber, BlaBlaCar, Airbnb, Wikipedia, Idea.me, Freelancer.com, entre muchos otros).

Esta novedad se enfrenta a posturas conservadoras que intentan proteger sus intereses minoritarios mediante la utilización de barreras legales y económicas que buscan estructurar los mercados. Aún mas, nuestro ordenamiento jurídico no brinda soluciones expresas y coherentes para estos nuevos modelos de negocios, se presenta en el mismo una laguna de derecho.

En definitiva Uber junto al resto de empresas de economía colaborativa forman parte de un problema mayor: una puja de poder y riqueza de los jugadores intervinientes de determinados mercados.

En el contexto económico, social y político actual argentino, ante esta hipótesis de conflicto y en búsqueda de una solución, podríamos creer que solo nos queda optar entre dos ideas aparentemente contrapuestas: la primera, explica que el sector privado (a través de la libre competencia del mercado) por si solo es el que generará una verdadera y sostenible (re)distribución de la riqueza y, por ende, condiciones propicias para obtener un mayor grado de igualdad entre los individuos. La segunda, establece que es el Estado el único capaz de garantizar discrecionalmente esa igualdad mediante una economía centralmente planificada. Sin embargo, creer en esta contraposición es guiarse por ideologías políticas partidarias vetustas y primitivas, que seguramente y a pesar de todos volverán a surgir hacia las elecciones nacionales de octubre.

Por el contrario, la existencia de un plexo común de ideas, derechos y deberes que surgen de un proceso de síntesis de pensamientos y que incluye ambas ideas, se han desarrollado a lo largo de la historia y hoy ya deberían ser causa común de actuación estatal. La discusión sobre Uber debe pasar por un análisis y discusión sobre los términos de interacción entre el Estado, el mercado y la sociedad, cuyo objeto debe ser común: la búsqueda de la justicia e igualdad en la distribución de la riqueza entendida como la protección de derechos de propiedad.

Más allá del análisis fáctico y técnico jurídico del modelo de negocios de la empresa (postergado por el momento pero imprescindible), el mayor aporte que nos brinda la empresa se encuentra en esa discusión, que se traduce en lo siguiente:

  1. Uber reclama al Estado la protección de su derecho a ejercer libremente su empresa conforme a los principios de la libre competencia y lealtad comercial.
  2. Los chóferes particulares asociados a Uber reclaman al Estado la protección de su derecho de trabajar libremente.
  3. Aquellos propietarios de licencias de auto taxis o sus empleados –competidores directos de Uber- reclaman al Estado la protección y el ejercicio libre de un derecho de explotación ya otorgado mediante un acto administrativo.
  4. El consumidor exige – o debería contar con los medios para hacerlo – que se le reconozca su derecho a elegir productos y servicios con libertad e información suficiente. Pero también participar activamente en el mercado mediante los instrumentos que le brinda la economía colaborativa.

En este orden de ideas, cabe concluir que el conflicto se reduce a una disputa de poder entre los actores que ejercen derechos de propiedad en un mercado determinado y que son los generadores/distribuidores de riqueza. Es tan grande y representativo el conflicto que las decisiones que se tomen sobre el caso, terminarán a la postre afectando a la sociedad en su conjunto. Por eso el Estado debe intervenir y analizar proactivamente el conflicto sobre Uber, no pudiendo prescindir de un análisis de los términos de justicia, igualdad y riqueza, procurando una redistribución equitativa y cuidando de no proteger exclusiva e injustificadamente intereses y derechos individuales minoritarios.

Actualmente en Argentina la respuesta del Estado es incomprensiva de la realidad y alejada de las necesidades de los particulares, por el contrario parecería que las voces de aquellos grupos de poder minoritarios son receptadas con mayor entusiasmo.

Tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo parecen confundir los términos de liberalización con desregulación de los mercados y brillan por su ausencia.

El poder judicial ha entendido de manera diversa el conflicto, desde su apartamiento total hasta la aplicación de normas del Derecho Penal y Contravencional.

En definitiva el Estado no debe dejar pasar el impulso genuino que proviene del sector privado para promover una mayor situación de bienestar social con políticas públicas preventivas y activas haciendo uso de instrumentos razonables y útiles para afrontar el conflicto: la regulación de policía administrativa (normas jurídicas que establecen el orden, seguridad y salubridad de las actividades desarrolladas) y la regulación para la competencia (normas jurídicas que estructuran los mercados).

Por todo lo expresado, se hace necesario analizar este caso de manera integral y desde el punto de vista que planteo para que sea factible entender el verdadero problema. El caso de Uber significa una buena oportunidad para el diálogo sobre el mercado y la sociedad que queremos, como así también, del verdadero rol que el Estado debe tener.