Por Federico Miguel, Abogado, Escribano y Tutor de la Carrera de Escribanía de la Universidad Siglo 21.

El 22 de febrero se publicó en el boletín oficial de la Nación el decreto N°62/2019 que crea el “Régimen Procesal de la acción civil de extinción de dominio”. La cuestión no es novedosa y viene a regular lo que, en su momento, había formado parte de distintas plataformas políticas electorales y que se encontraba aún en discusión en el Congreso de la Nación Argentina.

Dice el decreto que “la finalidad de esta herramienta es extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos por efecto de actos de corrupción o crimen organizado, a fin de recuperarlos en beneficio del conjunto de la sociedad.”

Para que se comprenda mejor, este sistema dota al Estado de una herramienta que le permite incautar bienes a las personas acusadas de delitos relacionados con la criminalidad organizada como ser la trata de personas, narcotráfico, corrupción, terrorismo u otros hechos, y que se sospecha que los bienes que posee son fruto de esa actividad delictiva, por no poder explicar cómo los obtuvo o el origen lícito de los fondos con los que los adquirió.

El objetivo del sistema de extinción de dominio es sumamente válido y ha dado excelentes resultados en otros países.

Esta cuestión ha generado diversos debates respecto de su constitucionalidad, ya que algunos consideran que vulnera el principio de inocencia, el debido proceso y la irretroactividad de la ley penal, debido a que no se espera que la condena esté firme para poder accionar sobre los bienes del imputado, sino que se realiza previamente. Y destacan que, si bien es una normativa de tipo civil, tiene clara vinculación con lo penal, por lo que tampoco sería válida.

Otros consideran que esto no es así, por tratarse de una cuestión civil patrimonial, que importa un proceso relacionado, pero diferente ya que el mismo regula “una acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado.”

Una cuestión central es que se invierte la carga de la prueba, por lo cual el acusado deberá demostrar que los bienes fueron adquiridos lícitamente y la acción prescribe a los veinte años, empezando a computarse el plazo desde la fecha que el imputado ingreso el bien a su patrimonio.

También crea una Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional dentro de la órbita de la Procuración General de la Nación, con facultades para realizar investigaciones de oficio, así como colaborar con la identificación y localización de bienes.

Si se dicta sentencia en el proceso civil y el acusado es condenado, los bienes serán subastados y el dinero será acreditado a “Rentas del Estado Nacional”, pero si luego de dictada la sentencia penal, el imputado es absuelto, los bienes deberán ser restituidos o de resultar imposible, se le pagará un valor equivalente.

Procesalmente algunos consideran que se abre un laberinto de opciones defensivas, impugnaciones, inconstitucionalidades, recusaciones y toda la batería prevista por el código de forma de la Nación, que buscarán evitar la subasta del bien y que la jurisprudencia irá resolviendo hasta que sea la propia Corte Suprema la que defina la cuestión.

Quienes están a favor consideran que la normativa era pedida por la sociedad, por lo que no podía esperarse más el debate legislativo.

Su importancia tiene que ver con dotar a la justicia de una herramienta disuasiva y represiva que castigue adonde más le duele al crimen organizado, en lo económico.

En su considerando, el decreto menciona que “la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos”.

Respecto de la necesidad y urgencia propia de un decreto, fundamenta la misma en que:

“El proyecto lleva así más de dos años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal”.

El Decreto ingresó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y fue remitido a la Comisión Bicameral de trámite legislativo, la cual lo rechazó por mayoría. No obstante, hay que destacar que a la fecha el decreto sigue vigente hasta tanto no sea rechazado por el Senado y la Cámara de Diputados.

Es importante apuntar que las provincias se han hecho eco y, en algunas, presentaron proyectos de leyes homólogas o similares que buscan legislar localmente este tema.

Finalmente habrá que esperar cual es el desenlace legislativo y/o judicial al respecto ante esta normativa que puede marcar un hito en la lucha contra este tipo de delitos que tanto daño causan a nuestra sociedad y que generan una tensión entre los tiempos procesales y los tiempos sociales. ¿Será justicia?