*Por Abg. Mirna Lozano Bosch, Profesora experta en Derecho del Trabajo para las carreras de Abogacía, Contador público y Lic. En Higiene, Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo en Siglo 21.

“Promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas innovadoras, eficientes y competitivas”, sentenció para abrirse paso, el hoy ya viejo proyecto de reforma laboral que no se dio.

Es innegable que el debate de reforma laboral aún no terminó. Nuestras empresas deben ser eficientes, competitivas y, sin dudas, deben constituirse como comunidades productivas. Cabe recordar que son generadoras de puestos de trabajo genuino y que, de su prosperidad eficiente, depende, que estos puestos se sostengan y abran más oportunidades de empleo en un futuro cercano. No hay dudas de que no son ajenas a padecer las políticas económicas inconstantes que el Estado les impone, y que mantienen hoy variantes de tensión frente a los cambios monetarios, cambiarios y de costos.

En este sentido, las conversaciones de una nueva legislación laboral en Argentina recién comienza. Es imprescindible una nueva agenda de diálogo que se diferencie del tono flexibilizante puro que tuvo el proyecto presentado en noviembre de 2017. Frente a los puntos críticos que el mundo actual demanda cabrá tener presente, sin dudas, una posición normativa sobre la era tecnológica, la inclusión, el rol de los jóvenes, la certificación de competencias, el cumplimiento de los derechos humanos en las empresas (en especial las prácticas virtuosas frente a la no discriminación). También la erradicación de la violencia, cuestiones de género, la inclusión del colectivo LGTBIQ en el mercado laboral y el fortalecimiento de las Instituciones de Gobernanza (Ministerios de Producción y Trabajo) en su rol de fomento de la registración laboral y cumplimiento de la legislación.

Se debe apostar a la práctica del diálogo tripartito en una permanente negociación colectiva que se traduzca en acciones concretas en torno a la regulación de las nuevas actividades y categorías en las empresas, trabajo digno, seguridad y salud laboral.

El diálogo de una nueva legislación debe además dar cuenta de verdaderas acciones positivas de cumplimiento a los tratados firmados por nuestro país en materia de derechos humanos laborales. En este sentido, las nuevas normativas debieran apoyar y respetar el sistema de protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de las empresas. Ocuparse de la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, velar y trabajar por la erradicación del trabajo infantil, abolir cualquier práctica de discriminación en el empleo y ocupación, apoyar la libertad de asociación sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Garantizar como hasta hoy la representación colectiva de los trabajadores y los empleadores a través del diálogo social como bien público, promovido activamente a través de políticas públicas y por el Estado.

La negociación colectiva es la oportunidad y respuesta óptima a las reformas laborales que se buscan. Debemos dejar de discutir solo salario, abramos el diálogo tripartito genuino frente a escenarios cambiantes de productividad, frente a nuevas actividades, para dar respuestas acordes, promover empresas inclusivas, eficientes y competitivas, centradas en generar valor de bienes y servicios tanto en la protección como en el empoderamiento de su capital humano.