*Por Ab. Matías Emanuel Villagra, profesor de la Universidad Siglo 21.

La excepcional situación que atraviesa el país por la declaración de la emergencia sanitaria, tras la crisis generada por la rápida y peligrosa propagación del COVID-19, ha llegado también al ámbito penitenciario.

Según los datos declarados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a 16 de abril del corriente año, hay más de dos millones de personas infectadas y 139.378 muertes en todo el mundo; es por ello que generan especial preocupación y merece una particular atención, tanto desde el punto de vista de los derechos humanos, como el de salud pública, las personas privadas de libertad.


Los internos ahora no sólo deben lidiar con el aislamiento intrínseco que conlleva la privación de la libertad, sino también con las consecuencias de la expansión de un virus que, tras el dictado del aislamiento social, preventivo y obligatorio mediante DNU 297/2020, del 19 de marzo, por parte del gobierno nacional, los distancia, aún más, del contacto físico con sus familiares, amigos, y seres queridos, al prohibirse todo tipo de visitas, y quedar en suspenso ciertos beneficios -salidas transitorias- obtenidos en el marco de la progresividad.

La realidad en los establecimientos penitenciarios, es que la atención sanitaria es uno de sus mayores déficits por diferentes razones entre las que se encuentran: la escasez de instalaciones adecuadas, un reducido número de profesionales sanitarios, así como el estado de salud y hábitos de parte de la población interna. Las prisiones presentan una elevada prevalencia de VIH/SIDA, tuberculosis, hepatitis y otros problemas de salud, que hacen que estas personas sean más vulnerables a los daños por la infección por COVID-19. Bajo estas condiciones hay ciertas dudas en cuanto a la contención y control del virus en este medio de la forma más adecuada y viable.

Un dato que pone de manifiesto la importancia de actuar sobre las cárceles es que, con datos del 29 de febrero, casi la mitad de los nuevos casos de infección por coronavirus de Wuhan (China) fueron presos.

A los efectos de contener la pandemia, se instrumentaron diversas medidas respecto de las personas que se encuentran en situación de riesgo, evaluando la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario

Otra medida consiste en asegurar el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado; en relación al contacto familiar se aumentó el número de llamadas telefónicas, se implementaron sistemas de video-llamadas y además en algunos establecimientos, como en los de la provincia de Buenos Aires, se han permitido el ingreso de teléfonos celulares , a fin de que los internos estén más cerca de sus allegados, incluso de sus abogados, en un encomiable esfuerzo por parte de los funcionarios penitenciarios por acercar las familias a los presos en estos tiempos difíciles.

Ahora solo cabe preguntarnos ¿qué personas se encuentran en situación de riesgo? Los grupos vulnerables, en base a los lineamientos establecidos por los profesionales de la salud del Servicio Penitenciario Federal, son siete: 1) Mayores de 60 años; 2) Mujeres embarazadas; 3) Pacientes portadores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); 4) Paciente diabético insulinorequirientes; 5) Paciente inmunosuprimidos (HIV, TBC en tratamiento, Hepatitis B y C en tratamiento, pacientes oncológicos en tratamiento, paciente bajo corticoterapia, paciente en tratamiento quimioterapico, pacientes con enfermedades autoinmunes); 6) Pacientes con insuficiencia cardiaca; y 7) Pacientes con insuficiencia renal crónica.

Las medidas se instrumentaron respecto a personas que complicarían severamente su cuadro de salud en caso de contagiarse coronavirus.

Está la necesidad y obligación, del sistema judicial en conjunto con el servicio penitenciario, de ofrecer información a los internos y a sus familias. Esto es clave para reducir el miedo, evitando así posibles motines como los producidos en Italia, Brasil, y Colombia.

En ese sentido, la OMS ha publicado un documento titulado: “Preparación, prevención y control de COVID-19 en prisiones y otros lugares de detención”, donde entre sus recomendaciones destaca aquella que incita a las autoridades a que se garanticen y respeten los derechos humanos de las personas bajo su custodia, evitando la exclusión del mundo exterior y, lo que es más importante, que tengan acceso a la información y a una atención sanitaria adecuada.

No cabe duda de que la relación entre el coronavirus y la reclusión a la que se enfrentan los internos es problemática. Será necesario evaluar, a corto plazo, el impacto que tendrán estas medidas, en pro de la finalidad resocializadora anhelada con la ejecución de las penas privativas, ya que se ha demostrado que aquellas personas privadas de la libertad sin contacto familiar presentan una mayor prevalencia de morbilidad psíquica y consumo de drogas en prisión.