Por Silvina Alejandra Rossi. Egresada y docente de la Universidad Siglo 21. Especializanda en Derecho de Familia UNC.

El Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1 de Agosto de 2015, trajo consigo numerosos cambios, y esencialmente en lo que hace al derecho de las familias. Si bien muchas figuras son novedosas, otras no han hecho más que legislar lo que la doctrina y jurisprudencia ya habían pregonado hace tiempo.

El nuevo Código sostiene la flexibilización del orden público, la constitucionalización del derecho de familia, y tiene como pilares la autonomía, el pluralismo y la solidaridad familiar.

En materia de divorcio, el CCyC se ha adaptado a las nuevas realidades sociales y familiares, y en virtud de ello establece un único sistema de divorcio remedio, judicial, incausado y sin plazo alguno para solicitarlo.

Entonces ¿Cómo opera el proceso de divorcio en el nuevo Código?

Convencidos de que el divorcio no debe sumar conflictos, los cónyuges, de manera conjunta o unilateral, pueden solicitar el divorcio ante el juez competente, sin tener que alegar causa ni preveer plazo alguno.

Junto con la demanda de divorcio, deberá acompañarse un convenio regulador que contemple los efectos de la disolución del vínculo. Entre ellos, podríamos nombrar la atribución de la vivienda, distribución de los bienes, eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, y en caso de haber hijos menores, acuerdos acerca del ejercicio de la responsabilidad parental, la prestación alimentaria, cuidado personal, etc.

La presentación de este convenio es un verdadero requisito de admisibilidad de la demanda, atento a que la omisión de este requisito impide dar trámite a la misma. El convenio puede ser consensuado entre los esposos, o bien ofrecido por uno sólo de ellos. En este último caso, el otro cónyuge puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Ambas propuestas van a ser evaluadas por el juez, quien convocará a los cónyuges a una audiencia.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Por ello, de existir desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez.

Este régimen, se ajusta a la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos, y se basa en que el matrimonio se celebra y se sostiene por la voluntad de ambos cónyuges, bastando que uno sólo de ellos no tenga intención de continuar con el matrimonio, se lo habilita a que peticione su divorcio ante el juez competente.

Algunos podrían preguntarse qué sucede con los beneficios del que gozaba el cónyuge inocente, respecto a los alimentos y la atribución del hogar conyugal en el sistema inculpatorio. Frente a esto, el nuevo Código, si bien establece la excepcionalidad del deber de alimentos después del divorcio, éstos procederán a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, teniendo en consideración: a) la edad y el estado de salud de ambos cónyuges; b) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos; c) la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar (art 434 CCyCN).

Asimismo, se protege de una manera más eficaz al cónyuge enfermo, atento a que en el Código de Vélez, la legitimación activa para solicitar la separación personal en virtud de trastornos de conducta solo está reservada al cónyuge sano, y con todas las cargas que esta situación representaba, fue un instituto casi sin aplicación práctica. Con el CCyC, también podrán fijarse alimentos a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse, y si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos.

En este contexto, y en virtud del principio de solidaridad familiar que impera en el nuevo ordenamiento, se ha establecido que el matrimonio no es causa fuente de enriquecimiento ni empobrecimiento, surgiendo así la figura de la compensación económica, regulada en los arts. 441 y 442. Así, se establece que “ El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez.

A falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias”.

En este sentido, cabe recalcar que cuando proceda la compensación económica no habrá posibilidad de fijarse alimentos en razón de falta de recursos propios suficientes y viceversa.

Como podrá observarse, el instituto del divorcio en el CCyC, si bien es sin expresión de causa y ha eliminado todo tipo de plazo para su petición, la cual puede ser bilateral o unilateral, protege los derechos de ambos cónyuges. Esto ha sido un gran avance a nivel legislativo, ya que en el ordenamiento actual sólo prosperaban beneficios para el inocente del divorcio, en el marco de un divorcio contradictorio y culpable. Hoy, protegemos los vínculos familiares sin buscar culpables, pero amparamos los derechos de los consortes luego de la disolución del matrimonio.

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