Por Mgter. Jaime Rodríguez Alba, Tutor de la Lic. en Administración Pública de Universidad Siglo 21.

Como señala Aguilar Villanueva en varias de sus obras (Gobierno y Administración Pública o Gobernanza y gestión pública, entre otras), ya desde los años 70 se viene incidiendo en que los gobiernos han perdido capacidad para gobernar. Esto se debe a dos motivos básicos: los vinculados a la gestión de la complejidad –social, técnica, económica, etc.- en contextos altamente dinámicos; y también la pérdida de legitimidad democrática tras la distancia tecnocrática que la razón burocrática generó en los aparatos del estado. Por esto, ya desde esas fechas, se habla de gobernanza para hacer énfasis en cómo el proceso de construcción de gobernabilidad ha de asumir rasgos de procesualidad y relacionalidad.

En el marco de las transformaciones en las teorías de la administración y gestión pública, desde los años 70 -aunque en nuestro contexto latinoamericano cobran auge en los 90, confluyendo con el Consenso de Washington- irrumpen con fuerza modelos de gestión pública que, como la NGP (Nueva Gestión Pública) ponían su acento en la introducción de técnicas y métodos de la gerencia privada en el ámbito público.

De más está decir que según diversos informes y estudios la emulación de estos modelos en el ámbito latinoamericano, caracterizado por burocracias híbridas (en expresión de Iacoviello y Chudnosky) en las que conviven elementos del modelo de profesionalización burocrático-weberiano con rasgos clientelares propios de la socialización y cultura política del contexto, arrojó las consabidas crisis y las repercusiones económicas, sociales y políticas que las mismas tuvieron a fines de los noventa y comienzos ya del Siglo XXI. No nos ocupamos aquí de esto.

La NGP invocaba la necesidad de colaboración, pero –como señala Pastor Albaladejo en una obra que he tenido el gusto de coordinar hace poco, junto con Guillermo Lariguet, Gobierno abierto y ética– no se trataba tanto de una colaboración abierta a la ciudadanía en sus distintas morfologías y dinámicas, sino más bien de una colaboración neogerencial más orientada a la terciarización del servicio público y la participación del sector productivo en la gestión pública, que a la apertura de la misma hacia amplios sectores sociales.

Con independencia de la necesidad de revisar los modelos de colaboración y de asumir la ineludible participación del sector privado en el público -habida cuenta de las necesidades sociales crecientes y de los requisitos de equidad social que cualquier gobierno ha de satisfacer para poder ganar legitimidad- lo cierto es que las mutaciones tecnológicas del Siglo XXI ameritan una seria reconfiguración de la noción misma de gobernanza avanzando hacia la profundización de los planes de gobierno abierto y contando con un sistema de colaboración abierta.

Por supuesto que sin voluntad política no se camina hacia un auténtico gobierno abierto, pues antes se usa el mismo como estrategia de marketing político orientado a los grandes discursos y pocos hechos.

Expertos como Cruz Rubio señalan que el gobierno abierto ha de superar su paradoja constitutiva: no comenzar los planes de gobierno abierto desde estructuras burocráticas y partitocráticas, sino abrir la construcción de los mismos a amplios espectros y sectores sociales y productivos. La dificultad está en, por usar expresión de Oszlak, abrir la caja negra del gobierno, avanzando así hacia un Estado abierto y relacional. Naser y Ramírez Alujas en diversos informes comentan que aunque se ha hecho mucho en este ámbito, aún seguimos bajo la reducción del gobierno abierto a gobierno electrónico, considerando la apertura como simple transparencia de datos –sin evaluar si se opaca al transparentar o se usa la información pública de modo demagógico y espúrio- así como la reducción de la participación y colaboración a simple consulta telemática.

En este contexto, es importante considerar la construcción de una ciudadanía que sea agente de cambio social, lo que supone conformar estructuras de gestión abiertas y dinámicas, así como consolidar procesos de educación cívica (educación para la ciudadanía) que abarquen diversos sectores sociales, edades, etc., para generar sistemas de co-creación de valor público. La noción de  colaboración abierta como eje en planes de gobierno abierto deviene así central en la consolidación de la gobernanza, que adjetivamos colaborativa precisamente para hacer hincapié en esta necesidad.

Según Pastor Albaladejo la colaboración abierta precisa de los siguientes elementos:

  • Voluntad política y democrática
  • Liderazgo
  • Estrategia, planificación y asignación de recursos
  • Comunicación, transparencia y rendición de cuentas
  • Espacios y plataformas colaborativas
  • Metodologías innovadoras
  • Información y formación para los servidores públicos

No entraremos en todos. Por supuesto que sin voluntad política no se camina hacia un auténtico gobierno abierto, pues antes se usa el mismo como estrategia de marketing político orientado a los grandes discursos y pocos hechos. El gobierno abierto es un reto de enorme dimensión y supone, por de pronto, un consenso previo entre los diversos sectores políticos para poder avanzar en la misma línea.

La democracia es aquí el espacio de la pluralidad y de la deliberación. Pero la ciudadanía no está configurada mentalmente de modo natural para la tolerancia activa y la argumentación de posturas, así como para comprender el carácter agonístico –de enfrentamiento razonable de posturas- más que antagonístico –la búsqueda de destrucción del adversario-. Cultivar estas disposiciones en las propias estructuras partidarias, además por supuesto que en el tejido social mediante políticas públicas educativas, pero también asesorías en medios de comunicación, regulación de sistemas de información, etc., es fundamental.

Necesitamos una administración inclusiva que, permeando a las poblaciones más vulnerables, sea capaz de profesionalizarlas entregándoles dignidad y capacidad para transformar su propia realidad social.

Las plataformas colaborativas no son simples herramientas destinadas a la consulta ciudadana ocasional. Como varias de ellas han puesto de manifiesto –remito a los casos exitosos de Laboratorios de Gobierno, Laboratorios de Innovación Pública, presentes en diversos ámbitos geográficos- las plataformas colaborativas tienen entre otros el objetivo fundante de potenciar procesos y sistemas de crowdsourcing tecnológico.

Ejemplo son los ecosistemas de gobierno abierto, en los que desarrolladores cívicos (pequeñas empresas locales, ciudadanos, asociaciones, etc.), contribuyen a crear herramientas de cogestión del valor público de gran utilidad para la inteligencia de las ciudades. El desafío está más en la innovación en la gestión pública que en el desarrollo tecnológico en sí. La apertura hacia colaboración tecnológica es fundamental para usar el potencial del desarrollo tecnológico conforme a los fines de un Estado orientado hacia el desarrollo sostenible.

La profesionalización de la función pública es otro elemento central en la conformación de un Estado abierto y relacional. Sobre esto hemos escrito en diversos lugares, pero aquí sólo quiero dejar unos conceptos, a guía de señales para la indagación e investigación.

 

Precisamos avanzar hacia una profesionalización que combine los sistemas burocráticos del mérito –apoyados en la lógica de los títulos académicos- con la necesidad de que la propia administración pública sea un espacio de equidad social. Esto es, una administración inclusiva que, permeando a las poblaciones más vulnerables, sea capaz de profesionalizarlas entregándoles dignidad y capacidad para transformar su propia realidad social. Para esto puede ser un eje vertebrador la gestión del cambio organizacional y del talento humano en las organizaciones públicas en base a criterios orientados hacia la dinámica de la formación por competencias en ámbitos laborales públicos.

Para finalizar, me gustaría señalar que las metodologías innovadoras ya están entre nosotros. Hemos mencionado los Laboratorios de Gobierno, los Laboratorios de Innovación. Podríamos señalar también el design thinking orientado hacia la generación de nuevos servicios o la mejora de los existentes. O algunos como los usados en algunos países de Europa: la técnica del doble diamante. En todas estas metodologías innovadoras, la ciudadanía, conformada bien individual o bien en organizaciones (empresas, gremios, asociaciones civiles, asociaciones religiosas, fundaciones, etc.) es central.

¿Qué podemos hacer desde nuestro pequeño ámbito de responsabilidad para los cambios tan profundos que reclama la gestión pública en este ya entrado siglo 21?

Sin ánimo de petulancia sí me gustaría señalar que avanzar en profesionalizar la gestión pública es algo que desde los espacios académicos hemos de tomar como una responsabilidad social universitaria. Eso sí, saliéndonos de la arrogancia clásica de la torre de marfil académica desde la que se contempla un mundo en el que no se participa, y estando dispuestos a aprender colaborativamente de la práctica misma y con la experiencia de gestión de alumnos y profesores, así como colaboradores varios de la heterogénea, compleja y dinámica sociedad civil.

Pero también, por qué no, apostar bien fuerte generando nuevos conceptos y herramientas, como los laboratorios de gobernanza colaborativa. En esto estamos, tratando de innovar los modos como aprendemos para poder estar a la altura de las innovaciones que nos pide el espacio público y su gestión.