Por Sebastián Reyes Alvarado. Es Doctor en Educación e Investigación, especialista en Recursos Humanos, Ética y Psicopedagogía. El profesor universitario e investigador de la República de Panamá llega a Siglo 21 la semana del 25 de junio en el marco del Programa de Movilidad Docente. Entre otras actividades, brindará un taller de Ética Empresarial para los estudiantes del MBA Virtual

La ética es la disciplina que guía el comportamiento correcto de los ciudadanos, es decir que regula la conducta humana en cuanto al bien y el mal. A pesar de la existencia de una clara dicotomía entre estos conceptos, al reflexionar nos preguntamos, ¿Qué es lo bueno? y ¿Qué es lo malo? Pero, lo que es bueno para una persona, puede no serlo para otra.

En ese sentido, cuando hablamos de la ética pública, la cuestión se complejiza un poco más, ya que hace referencia al bien común y se trata de un servicio que se les presta a la ciudadanía. Por eso, al individuo que está cumpliendo una función pública, se le presenta como una serie de valores y actuaciones para beneficio de la sociedad toda.

Para un funcionario, la palabra ética implica realizar acciones con transparencia, calidad y efectividad, además de priorizar el interés público colectivo por encima del interés particular.

Sin embargo, la realidad nos muestra que la gestión pública es poco eficiente y no transparente, lo cual genera un grado de insatisfacción entre los ciudadanos beneficiarios de sus servicios. Y en parte, esta situación se debe a la tergiversación de la verdadera naturaleza del colaborador estatal, quien, muchas veces, toma decisiones motivado por su individualidad. Si bien el Estado es responsable de garantizar el componente institucional, donde se provea de los recursos, insumos, tecnología y medios pertinentes que puedan satisfacer las necesidades de la comunidad, para lograr un adecuado desempeño en la administración pública, el individuo, en primera instancia, es quien tiene el compromiso de gestar las transformaciones que se requieran a nivel personal. De esta manera, como parte del engranaje gubernamental, hará su aporte para que la ética pública cumpla con sus verdaderos propósitos hacia la sociedad.

Por ende, es válido preguntarse ¿Qué espera la ciudadanía del rol de los funcionarios públicos? Como respuesta seguramente aparezca la ética. Aunque también pide eficiencia, calidad, buen trato y un acertado servicio. Se les solicita poner en práctica, a nivel personal, cada uno de los valores existentes, además de requerirle a la institución que sea trasparente, que rinda cuenta y permita el acceso a la información. Esto se debe a que la transparencia, es el único camino hacia el fortalecimiento de la ética y la única forma de evitar la corrupción. Así, cuando logren conjugarse ambos aspectos, tanto el individual y el organizacional, se podrá lograr a nivel social la confianza de la sociedad en el servicio público.

En conclusión, hay una creciente demanda de los ciudadanos por un servicio de calidad, y a su vez, le solicitan a sus servidores altos estándares éticos, lo que se traduciría en buenas prácticas institucionales para beneficio de la comunidad. Entonces, para satisfacer esta petición ciudadana todo apunta al individuo, porque es quien tiene el compromiso de poder lograr las transformaciones que se requieren en la administración pública, sin importar el nivel jerárquico que ocupe. Esto significa que es fundamental tener en cuenta que la esencia de la ética en materia de función pública es el principio del bien común y que cada uno de nosotros será responsable de cumplir con esta misión.