Facundo Trotta. Fiscal a cargo de la acusación en juicios históricos contra los autores del Terrorismo de Estado de la última dictadura militar y docente de la Tecnicatura en Investigación de la Escena del Crimen.

Hasta no hace mucho tiempo gran parte de la sociedad argentina desconocía el nivel de crueldad que sufrió nuestro país durante el terrorismo de Estado.

El Juicio a las Juntas Militares proporcionó un conocimiento global del plan sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.

Pero las leyes de punto final y obediencia debida, que instalaron la impunidad, condujeron a la indiferencia y el desconocimiento de ese doloroso pasado. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia “Simón”, que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida, entendió que esas leyes, en tanto postulan la “amnistía, se orientan ‘al olvido’ de graves violaciones a los derechos humanos”.

La reapertura de los juicios, a partir de esa sentencia de la Corte en el año 2005, significó el re-inicio de la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de esos crímenes, y permitió, por un lado, reparar el daño a las víctimas y sus familiares, y por el otro, que la sociedad conociera en profundidad el proceder del terrorismo de Estado.

Los juicios contribuyen a reconstruir y consolidar la memoria colectiva

Por ello, afirma Daniel Feierstein en Argentina: ¿genocidio y/o crimen contra la humanidad? Sobre el rol del derecho en la construcción de la memoria colectiva que los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad además de sancionar a los responsables también constituyen una herramienta esencial para la comprensión de esos hechos, así como para la construcción de la memoria colectiva.

A su vez, en las causas por crímenes de lesa humanidad, resulta indispensable que el juez establezca el contexto en el que los crímenes fueron cometidos, no sólo para valorar en toda su dimensión la gravedad de los hechos, sino porque además la consideración del marco en que los hechos fueron cometidos tiene importancia para la preservación de la memoria y para evitar que esos hechos vuelvan a repetirse.

De allí que la Corte Interamericana, además de exigir el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, requiera que los resultados de esos procesos sean públicamente divulgados por los Estados para que la sociedad conozca la verdad sobre los hechos.

En definitiva, los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país, además de constituir un deber asumido a nivel internacional por el Estado Argentino, reparan el daño a las víctimas y sus familiares, contribuyen a reconstruir el pasado influyendo en la memoria colectiva, fomentan el respeto a las instituciones democráticas y fortalecen el Estado de Derecho.