Por Manuel E. Rodríguez Juárez. Docente de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Siglo 21.

 

Una nueva categoría dentro de los procedimientos declarativos ha incorporado el legislador con la reforma propuesta al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, a través de la remisión por el Poder Ejecutivo de la Reforma Procesal a la legislatura unicameral, que es el Juicio Abreviado Oral de Daños y Perjuicios.

El nuevo juicio se ubica dentro de la categoría de los procedimientos declarativos generales, a los que nosotros preferimos llamar procesos de conocimiento, porque lo que prevalece es la necesidad de alegación y prueba para que prosperen las pretensiones de la parte actora, en función de que la demanda sólo se basa en una narración de hechos a los que el propio actor le atribuye relevancia jurídica, pero que sin duda, para su acogimiento por el tribunal en la sentencia, deberá depender de la prueba aportada en el proceso.

Se trata de una especie de reedición -agiornada a los tiempos que corren-, del viejo Juicio Verbal previsto en la ya derogada Lp. 1.419 (arts. 427 a 443 C. de P.C.), pero adecuado a lo que la moderna doctrina denomina el proceso por audiencias.

La intención del legislador, es sin duda, lograr la realización práctica del derecho, constitucionalmente reconocida, en el principio nominado como tutela judicial efectiva, que requiere como presupuesto indispensable, que los procesos se resuelvan tempestivamente; ya que la seguridad jurídica, sólo se logra a través de un proceso sin dilaciones innecesarias, en donde el ciudadano es el verdadero destinatario de la administración de justicia, para lo requiere su participación directa.

Para lograr esto, se ha intentado volver al proceso oral, que acentúa la necesaria inmediación entre las partes y el juez del proceso, con la ambiciosa pretensión de actuar al máximo los principios de inmediación, sencillez, celeridad y economía.

Creemos que el tipo de proceso que viene a reemplazar, el juicio abreviado de daños y perjuicios, es quizá uno de los pocos procedimientos que en la práctica judicial funcionan correctamente, y permite la resolución de las pretensiones allí ventiladas, en un tiempo relativamente razonable.

Quizá el legislador debió reemplazar el juicio ordinario de daños y perjuicios, por ser éste un procedimiento obsoleto, muy lento, que permite apelar con efecto suspensivo, cualquier resolución, con la consecuente demora que ello implica en su tramitación.

Pero como se dijo más de una vez, el movimiento se demuestra andando, por lo que resulta valiosa la experiencia piloto que permitirá ir puliendo los defectos que pueda tener el trámite, a fin de lograr la tan ansiada tempestividad en la resolución de las causas civiles. A ello se suma la flexibilidad de la norma, que permite aplicar éste trámite a otros juicios, si las partes de común acuerdo lo solicitan (art. 1).

Proceso oral o verbal y actuado.

La primera duda que surge de la lectura de la nueva ley, es si se trata de un proceso oral o es un procedimiento verbal y actuado. La diferencia no es menor.

El proceso oral es mucho más ágil y dinámico, permite que el desarrollo de las audiencias de manera rápida y sencilla. El juez interroga a los peritos o los testigos o a las partes y éstos responden a viva voz de manera oral, sin apuntes ni borradores. El problema, es que mientras no haya un medio electrónico que permita la grabación de su desarrollo, no queda constancia de nada de lo que allí se dijo. La seguridad de la audiencia se circunscribe al papel conque el juez hace algunas anotaciones para auxiliar su memoria.

Por el otro lado, el proceso verbal y actuado, es más seguro, pues de todo lo que se dice en la audiencia, queda constancia en el acta respectiva. Pero ello hace lento y engorroso su trámite. Hace que las respuestas de los interrogados no sean espontáneas ya que debe ir reconstruyendo lo que dijo, en función de la rapidez o lentitud de la persona que tipea el acta de la audiencia. La lentitud en su desarrollo es casi exasperante y trae como consecuencia que el juez pueda tomar una o dos audiencias por día como máximo.

La duda finca por la contradicción entre lo normado en el art. 4, que al regular sobre la audiencia complementaria señala que “El debate será oral, público y continuo.”, con la norma prevista en el art. 7 que reza “El acta de la audiencia complementaria será reemplazada, cuando fuere posible, por un registro audiovisual de la misma, dejándose constancia de que dicho registro se encuentra resguardado en el soporte digital correspondiente y pudiéndose otorgar copia a las partes, a su cargo”.

Por un lado, sólo se hace mención al acta de la audiencia complementaria y no de la audiencia preliminar. Ésta última, sin duda, requiere de un acta escrituraria, ya que en ella el juez debe dictar resoluciones, tanto sobre la, admisibilidad, inadmisibilidad, conducencia o inconducencia de la prueba ofrecida, como sobre las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Y seguramente también, deberá resolver los incidentes que se planteen en la audiencia, como así también las reposiciones que allí sean articuladas; de lo que sin duda debe dejarse constancia en el acta respectiva.

A modo de conclusión.

Sabemos de las ventajas que presenta el proceso oral por sobre el escriturario, es astronómica, siempre y cuando se le provea a los tribunales de las herramientas necesarias para poder tramitar un número importante de causas, sin que la fijación de audiencias se convierta en un cuello de botella que demore la resolución de las causas.

El uso de los institutos procesales como la rebeldía automática, los plazos fatales, la caducidad para el ofrecimiento de los medios de prueba fuera de las etapas de las postulaciones;  la inapelabilidad de las interlocutorias, la limitación al número de testigos, el plazo faltal para el dictado de la sentencia, las facultades de precalificación de prueba, etc., contribuirán, sin duda, para que este tipo de procedimiento, sea ágil, sumario y expeditivo.

Por lo que creemos, que la reforma, es positiva y que ha receptado, en definitiva, un viejo anhelo de todos los operadores del derecho: la tempestiva resolución de los procesos judiciales.