Por Mgter. Jorge Orgaz. Docente y Director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Siglo 21.

La finalización de la Segunda Guerra Mundial promediando el siglo pasado, reflejó el notable alcance del poder de destrucción logrado por los países en conflicto, y también una desgarradora deshumanización de sus propias reglas materializada a escala de holocausto.

Los célebres juicios de Núremberg, dispuestos a los fines del procesamiento y condena de los jerarcas nazis responsables del exterminio de millones de personas, por encima de los cuestionamientos que se formularon fundamentalmente en torno a su imparcialidad, simbolizaron el imperio del derecho y la justicia, sobre cualquier ensayo de venganza fundado en el lenguaje de la violencia que era necesario abandonar por una sociedad agobiada por la tragedia y el dolor.

A diferencia de otros procedimientos habilitados tras la Primera Guerra Mundial, orientados principalmente a obtener compensaciones económicas de los daños y perjuicios sufridos por los nacionales de los países vencedores, la damnificada gravemente en este caso era la humanidad en su conjunto, testigo apabullado de las atrocidades que tuvieron como escenarios los campos de concentración, sitios donde se ejecutaba la llamada “solución final”.

Casi cuatro décadas después, emergiendo de la más prolongada y cruel dictadura militar que sembró de terror y muerte nuestro país, el gobierno de la recuperación y la transición democrática encabezado por el Presidente Raúl Alfonsín, en contextos que guardaban cierta similitud, se encaminaba decididamente a escribir una de las páginas más trascendentes de la historia institucional argentina.

Sin haber transcurrido siquiera una semana de haber asumido su cargo, el 13 de diciembre de 1983, en un dato que revela claramente la impronta que dedicaría a este asunto, mediante la firma de los decretos 157 y 158, impulsó el enjuiciamiento de los líderes guerrilleros y dispuso el procesamiento de las cúpulas militares que sucesiva e ilegítimamente usurparon el poder político, respectivamente, sometiéndolos a procesos iluminados rigurosamente por las garantías constitucionales aplicables en la materia.

En una revolucionaria decisión política, el gobierno democrático promovió aquéllos procesos revistiéndolos de la más absoluta juridicidad e imparcialidad, pues colocaba a los imputados frente a quienes eran sus jueces naturales, y privándolos de la más mínima sospecha de animosidad o parcialidad contra quienes ocupaban el banquillo de los acusados.

Desde el otro lado, la sociedad argentina centraba su atención en un hecho inédito, pues por primera vez la justicia se encargaría de tutelar los derechos más caros de sus integrantes, hondamente ultrajados por los más aberrantes crímenes contra la vida y dignidad humana perpetrados en su contra.

Nuevamente, retomando la senda de los grandes juicios llevados a cabo contra las tiranías que asolaron el mundo durante el tumultuoso siglo pasado, el derecho representaba la racionalidad e independencia enderezadas a rescatar la convivencia pacífica malograda.

La ética democrática ofrecía una posibilidad a sus más acérrimos enemigos, como si se tratara de cualquier ciudadano, de ser sometidos a un juicio justo, en la certeza ellos no la hubieran ofrecido a sus detractores, al tiempo que les tocó ejercer el poder arrebatado violentamente a los gobiernos constitucionales. Sucede que aquélla comprende, esencialmente, a sus adversarios.

Para ello, a comienzos de 1984 se reformó el Código de Justicia Militar, con el objeto fueran las propias Fuerzas Armadas las que llevaran adelante el juicio a sus integrantes, reparándose en que sus decisiones serían apelables por ante la Cámara Federal con competencia civil. Tal medida constituía la instrumentación de la garantía del debido proceso adjetivo de fuente constitucional, en el sentido de disponer anticipada y legalmente los jueces naturales encargados de conocerlas y resolverlas.

En este sentido, luego de una suerte de “amnistía encubierta” propuesta por el tribunal militar, y articulada la apelación, el proceso se sustanció ante la Cámara Federal desde el 22 de abril hasta el 9 de diciembre de 1985, participando cientos de testigos brindando detalles escalofriantes del horror vivido bajo el sometimiento de los acusados.

Tras largas jornadas, plagadas de tensión, resquemor, debate y, también emoción, el Fiscal de la causa, Julio Strassera pronunciaría su formidable alegato final pidiendo la condena de todos los procesados, resaltando los principios del Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, y condensándolo en un par de palabras que inmediatamente se convirtieron en la bandera de varias generaciones de argentinos, comprometidas con la libertad, el pluralismo y la Constitución: “Nunca Más”, al autoritarismo, a la violencia, a la tortura, a los desaparecidos, a la muerte.

Cómo era de esperar, el Tribunal hizo lugar a lo peticionado por la Fiscalía, condenando a todos los procesados, recurriendo al máximo de la ley penal, reivindicando el papel de la justicia en la consolidación del sistema democrático, y recibiendo la generalizada aprobación de la comunidad jurídica internacional frente a lo que entendía constituía un hito en la defensa y reivindicación de la dignidad del hombre.

No obstante, desde aquél momento se sucedieron múltiples acontecimientos políticos e institucionales, que obstaculizaron, limitaron e inclusive, impidieron los efectos de dicha sentencia, arraigaran firmemente en la incipiente democracia argentina, para proyectarse luego en miras a su fortalecimiento.

Basta recordar los numerosos levantamientos militares soportados por Raúl Alfonsín a causa del malestar castrense por las condenas recaídas sobre sus camaradas, la sanción de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, y los indultos decretados durante el gobierno de Carlos Menem, favoreciendo a los principales condenados, por citar sólo los de mayor importancia.

De esta forma, la lucha por la vigencia y el respeto por los derechos humanos recibieron duros reveses que pusieron en tela de juicio su propia continuidad, hasta que la reforma de la Constitución Nacional le dio un nuevo espaldarazo con la jerarquización de los tratados más importantes de derechos humanos mediante su artículo 75 inciso 22.

Argentina reingresaba definitivamente al contexto internacional, a través de una política constitucional de nítidos perfiles humanistas, que la convirtieron nuevamente en referente indiscutible en este asunto.

Luego, esta recuperación de una de las pocas políticas de Estado que despertaba amplios consensos sociales, resultó acompañada por los poderes del Estado nacional, recordando en este punto su renovado impulso por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la declaración de nulidad de las leyes que favorecieron la posición de los condenados por los crímenes cometidos en la dictadura, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió su imprescriptibilidad al considerarlos de lesa humanidad, para colocarlos nuevamente a dar cuenta por los mismos ante los estrados judiciales.

A partir de allí, entendemos que los vaivenes institucionales, como las polémicas suscitadas por el reciente fallo del mismo Alto Tribunal sobre la aplicación de la doctrina del dos por uno a las nuevas condenas a sus responsables, o por las posibles excarcelaciones de algunos de ellos por razones humanitarias, sin dejar de ser importantes, son de menor envergadura toda vez que apenas matizan una inquebrantable decisión de la democracia argentina en favor de la memoria y la justicia.

Insistimos en esta idea, porque más allá de los desacuerdos que periódicamente ofrece la política de derechos humanos, observamos se han afianzado colectivamente aquellos valores, no sólo entre quienes de alguna u otra forma sufrieron directamente los embates de la dictadura, sino también en las nuevas generaciones, que aseguran su proyección futura.

Nuevamente, resulta de vital importancia resaltar que pese a los obstáculos y desavenencias propias del juego democrático, el Estado de derecho argentino impuso condiciones a quienes atentaron en su contra, resguardando la plenitud de las garantías constitucionales establecidas para su defensa, en base a su intrínseca esencia libertaria.

A más de treinta años del histórico juicio a las juntas militares, reafirmamos entonces el mensaje imperecedero de aquéllas palabras que sintetizaron el anhelo de verdad y justicia imprescindible para dejar atrás lo que Ana Arendt calificó como “mal absoluto” y que todavía defendemos bajo el amparo de la Constitución y la memoria social: “Nunca Más”.