Por Dr. Manuel Rodríguez Juárez, Dra. Carolina Arriola y Ab. Esp. María Elena Ricotini.

Los ciudadanos conocen poco acerca de seguridad vial y esta falta de formación es uno de los principales factores que influyen en el aumento de accidentes de tránsito, en muchas ocasiones evitables. Para adentrase en la materia hace falta bucear entre las modificaciones que se generaron en Argentina con el nuevo Código Civil y Comercial (CCC) de la Nación, atendiendo a su relación con el Derecho Procesal Civil. Estos y otros temas son abordados en la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Siglo XXI.

Haciendo un poco de memoria, al primer Código promulgado durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, los cambios le llegaron a principios del Siglo XX. El contexto lo requería con la aparición de las maquinarias, el automóvil y el avión, sumado a una sociedad en constante crecimiento. Así se pasó de la “teoría de la culpa” a la “teoría del riesgo creado”. Este cambio introdujo la noción de quién crea un riesgo, debe reparar el daño causado.

Años más tarde, en 1968, se realizó unas de las modificaciones más importantes al Código Civil argentino, hoy derogado: la Ley 17.711 artículo 1113, cuyo segundo párrafo señalaba que “si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, el dueño o guardián sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no debe responder”.

La nueva regulación legal, puesta en vigencia en 2015, propone otros supuestos para casos de siniestros viales. Por ejemplo, en caso de que la víctima del accidente sea un peatón. El artículo 1757 del Código (ex 1113) facilitó notablemente la tarea de la víctima que demandaba la reparación, porque ya no estaba a su cargo la prueba de la culpa del conductor del vehículo, sino que tan sólo le bastaba con probar el hecho. Además, la jurisprudencia fue severa con los conductores, considerando que el peatón solo tendría la culpa en caso de haber estado ebrio o transitar por fuera de la senda peatonal, es decir que un transeúnte distraído o imprudente es un “riesgo común de tránsito” y la responsabilidad de prever cualquier situación es de quien maneja el auto.

En cambio, si se trata de una colisión entre dos automóviles, el nuevo Código Civil y Comercial, en su artículo 1769, se diferencia del régimen jurídico anterior al considerar que en los “Accidentes de Tránsito” no están involucrados “automotores” sino “vehículos”, los cuales son considerados cosas riesgosas, de ahí la responsabilidad objetiva que habla el artículo 1757 del CCC. Por lo tanto, la denominación “circulación de vehículos” es mucho más amplia que la de “accidentes de automotores” y que la de “accidentes de tránsito”, ya que incluye ahora a las bicicletas, a las máquinas agrícolas, etc., y no sólo durante la circulación vial sino también en todos los casos en los que media su intervención activa, estén o no en movimiento. De esta manera, el régimen legal en torno a la materia remite al “régimen legal de la responsabilidad objetiva por riesgo creado” e incluye a la “responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas”, pareciendo significar que tanto el vehículo como el acto de conducir son riesgosos en sí mismos.

Por otro lado, en cuanto a la Reparación del daño, el nuevo Código ha fijado el criterio de “Reparación Plena (art. 1740)”, lo que significa, en la medida de que sea posible, volver las cosas al estado anterior a la producción del daño.

Pero ¿cómo resuelve el juez si no sabe quién fue el responsable? En ese caso puede recurrir a las reglas de la carga de la prueba y verificar quién tenía el deber y quién está en mejores condiciones de probar la responsabilidad.

En lo referente a la cuantificación del daño, se postula que la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, esto es, que dichos cálculos deben realizarse a través del uso de fórmulas de matemática financiera en lugar de recurrir a la prudencia del juez.

Por último, el nuevo Código instituye al juez como director del proceso y esto constituye una de las cuestiones procesales que el legislador sustancial ha querido imponer a las provincias, las que deben armonizar sus procedimientos a éstas nuevas pautas adjetivas.

Conocer estos aspectos es necesario para no dejar librado al azar ningún aspecto jurídico relevante en la relación que existe entre los accidentes de tránsito, el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y el Derecho Procesal Civil.