En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, comprender cómo funciona la lógica judicial frente a los femicidios, los avances legales y lo que todavía queda pendiente en nuestras sociedades en materia de género, es clave para comenzar a desarmar las lógicas patriarcales que perpetúan las violencias.

Desde hace más de treinta años, cada 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar a lo largo y ancho del planeta la violencia ejercida sobre las mujeres en manos de varones, y para reclamar a los distintos estados políticas y acciones concretas para su real erradicación.

En nuestro país, la primera marcha “Ni Una Menos” del 3 de junio de 2015, producto de la organización y convocatoria de los movimientos feministas, puso por primera vez en agenda pública la problemática de los crímenes por violencia de género y el pedido urgente de frenar con los femicidios en Argentina. Desde entonces, es mucho lo que se avanzó en materia social y cultural en cuanto a la visibilización del tema. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer, y uno de los cambios más importantes tiene que ver con la justicia.

Para la abogada, docente e investigadora María Eugenia Gastiazoro, a cargo de la Especialización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia en Siglo 21, observar el mapa de los femicidios ocurridos en Argentina durante los últimos años, particularmente en Córdoba, permite dar cuenta de las claves pendientes en materia judicial que todavía quedan por trabajar.

En su trabajo “Des-privatizar el sentido común sobre la violencia de género”, la investigadora propone quitarle a los femicidios la lógica “privada” que los reduce al marco de vínculos de pareja, y entenderlos como el resultado de una matriz social y cultural que vulnera la vida de todas las mujeres – incluyendo a mujeres trans – y que también ocurre en el espacio público a manos de desconocidos.

¿Qué dicen las leyes?

En la última década, en distintos países de América Latina se llevaron adelante reformas importantes en materia de legislación penal dirigidas a la regulación de los femicidios. En Argentina, por ejemplo, se incluyeron los crímenes contra las mujeres y los crímenes de odio contra la orientación sexual e identidad de género.

En 2012, a través de la Ley 26.791 nuestro país aprobó una modificación al Código Penal ampliando los delitos de homicidios agravados en razón de violencia de género, aunque sin utilizar la nominación “femicidio”.

A pesar de que en la actualidad la sociedad, los medios de comunicación y los mismos operadores de la justicia utilicen este concepto para denominar a los crímenes por violencia de género, es importante destacar en Argentina el femicidio no es una figura penal.

Aun así, es posible trazar un panorama sobre la situación de los femicidios en Córdoba, indica María Eugenia Gastiazoro, con el objetivo de analizar cómo se abordan estos hechos, qué mujeres son las que están dentro de las cifras declaradas y cuáles todavía no son abarcadas y quedan por fuera sin ser incluidas ni narradas.

Cuando la realidad supera la norma

En 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reveló que ese año en Argentina se cometieron 254 femicidios; 249 perpetuados contra mujeres cisgénero y cinco contra mujeres trans. Para Gastiazoro, esta última cifra no es casual, y tiene que ver con “el sesgo que existe en el número de muertes reportados por las provincias”.

En su investigación, la autora toma como ejemplo el asesinato a una mujer trans y trabajadora sexual en Córdoba, para dejar en evidencia cómo opera la Justicia cuando los crímenes suceden por fuera de la “norma” que rodea a las leyes:

“Desde un principio su homicidio no fue calificado como violencia de género”, y gracias a la lucha de las organizaciones que presionaron para que el crimen sea entendido como un femicidio trans es que finalmente se logró que sea elevado de esta forma para su juzgamiento.

Por otra parte, dice la autora, “es importante analizar el vínculo entre el agresor y la víctima”, ya que “las estadísticas muestran que los crímenes que se visibilizan quedan ligados principalmente al ámbito de lo privado, y que la mayoría son muertes de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas”.

Entender a los femicidios como un crimen de género que sucede solo dentro de las parejas conlleva un riesgo abismal: no visibilizar los que ocurren en otros contextos de violencia, que no necesariamente implican una relación afectiva.

El trágico femicidio de Paola Acosta en 2014 en la ciudad de Córdoba –la mujer degollada y arrojada a una alcantarilla junto a su bebé, quien logró sobrevivir- es para Gastiazoro otro claro ejemplo de cómo opera el marco judicial y de la necesidad de que la justicia tenga formación en género.

Cuando tuvo lugar el juicio contra el agresor de Paola, “los jueces de la Cámara interpretaron que los hechos no encuadraban como violencia de género”, señala la docente en su investigación. Entre algunas razones, porque Gonzalo Lizarralde (el acusado) y Paola Acosta habían tenido una relación informal y poco duradera, “dándole importancia a la constitución de la pareja estable, heterosexual, como piso para abordar la violencia de género”.

Además, indica Gastiazoro, los jueces sostuvieron que para que el homicidio se encuadrara como femicidio “se requería una víctima vulnerable” y, contrario a esto, antes de ser asesinada, Acosta se mostró según los jueces “como una persona decidida a defender sus derechos y los de su hija”. “Esto evidencia la construcción de una imagen de Paola en términos de mala víctima y no una buena víctima desposeída, abandonada y vulnerable”, indica la autora.

Pensar con perspectiva de género

Entender los femicidios desde una perspectiva de género implica algo más que la mera tarea discursiva. Para Gastiazoro, la justicia todavía debe resolver el sentido común que guía las prácticas judiciales cada vez que ocurre un crimen contra la vida de una mujer.

“Desde el año 2015 el Poder Judicial elabora un registro nacional anual de femicidios, pero las estadísticas publicadas oficialmente muestran una privatización y reducción de esta categoría limitada al espacio íntimo”, cuestiona la autora.

“Es decir, los hechos capturados por el sistema judicial comprenden en su mayoría casos vinculados a relaciones de pareja ligadas a lo privado, enmarcando el femicidio en una violencia doméstica- hetero- sexista”, agrega.

Para la autora es imprescindible comprender todos los contextos y “nombrar todas las violencias”, avanzando sobre el sentido común patriarcal a los efectos de nombrar y visibilizar los femicidios íntimos, pero también los no íntimos, los transfemicidios, travesticidios y femicidios sexuales como aquellos marcados por el odio a la orientación sexual.

“Debemos instalar la violencia de género en su dimensión estructural del poder en nuestras sociedades, con una mirada constante que desestabilice el sentido común legitimado como verdad jurídica”, dice la autora.